OEA pide al país medidas para combatir la corrupción

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OEA pide al país medidas para combatir la corrupción

OEA le recomendó a El Salvador regular los procesos de contrataciones, proteger denunciantes de la corrupción y reformar el Código Penal para castigar a quienes compran voluntades.


La Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio al menos siete recomendaciones a El Salvador para mejorar en el combate contra la corrupción, durante la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la quinta ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

El informe fue presentado ayer por la Secretaría de Transparencia del Gobierno, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quienes fueron los encargados de participar en la convención y evaluar los temas fundamentales: los procesos que las instituciones hacen para introducir los mecanismos de ética y las instrucciones que dan a los servidores públicos sobre sus funciones dentro de las instituciones.

Una de las recomendaciones es legislar los mecanismos transparentes para la contratación de personal y que se publiquen las oportunidades de empleo, impugnaciones, criterios de selección y evaluaciones, ya que sea mediante la Ley de Servicio Civil o mediante una nueva normativa. Se pide valorar las contrataciones que hace la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Órgano Judicial y Fiscalía General.

Asimismo, señalaron que es necesario crear un marco jurídico con medidas de protección a escala nacional e internacional para proteger a los empleados y ciudadanos que denuncian de buena fe los actos de corrupción en las instituciones, antes de comenzar los casos judiciales.

También le recomendó al Gobierno proponer reformas al Código Penal para incluir en los tipos penales, descritos en los artículos de cohecho impropio y cohecho activo, el elemento “para otra persona o entidad” para que se castigue a quienes compran voluntades de funcionarios. Esto porque actualmente la dádiva o ventaja indebida es solo para el propio provecho de quien la solicita o quien la ofrece, no así para una segunda persona o entidad.

La OEA recomienda revisar el artículo 39 del Código Penal para ampliar el concepto de funcionario público a aquellos particulares que prestan servicio público o administran fondos públicos.

Al igual, consideró necesario reforzar con recursos económicos, humanos y tecnológicos al Instituto de Acceso a la Información y al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que implementen programas de éticas y de inducción a los funcionarios.

Además, pidió que el Ministerio de Hacienda establezca una Unidad de Acceso a la Información Pública para la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC).

Finalmente, al IAIP, al TEG y a la CCR les recomendó preparar un plan de capacitaciones de inducción para el nuevo personal.

Según informó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el país ha tenido un retroceso en el combate a la corrupción, ya que en el rango del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) cayó de la posición 72 a la 95 en 2016. Y es que expresidentes y otros funcionarios públicos han sido acusados de enriquecimiento ilícito.

Según FUNDE, desde 2012, la calificación que había estado obteniendo el país había sido fija, en ese período no disminuyó. Así, de 2012 a 2014 había recibido 38 puntos, en 2015 subió a 39 puntos, pero en 2016 recibió la peor nota: 36 puntos.

Rodríguez le restó importancia al IPC y dijo que el 75 % de los países de Latinoamérica retrocedió. “En el caso de las convenciones estamos hablando de compromisos”, justificó.

El presidente de la CCR, Rodrigo Barahona, una de las instituciones cuestionadas por su trabajo en controlar los recursos públicos, dijo que la entidad está consciente de que en la implementación de estas recomendaciones tiene que jugar un rol protagónico a través de sus competencias de controlador de los recursos del Estado. Sin embargo, se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación sobre otros temas.

“Este mecanismo anticorrupción de la OEA… nos permite tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional con la que cuenta el país para afrontar esta problemática de corrupción”, manifestó.

 

Vía LPG

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