Hubo engaño o malversación

Hubo engaño o malversación

Cualquiera de estas acciones puede explicar la reducción en la calificación del país, el pago de $180 millones más en intereses o la violación de leyes, todas gravísimas. Por esto, será más cara cualquier nueva emisión de bonos.

El Gobierno logró con el apoyo de los partidos pequeños una modificación del Presupuesto 2017 por $122 millones, sin observar debidamente lo que puede haber en el trasfondo de esta decisión, lo cual pareciera que puede ser resultado de un engaño o de una malversación de recursos públicos. Cualquiera de estos posibles casos revelaría una acción indebida, que debería ser investigada por los medios de comunicación, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas.

Todo nace del hecho que el Gobierno de El Salvador reconoce que con “recursos propios” pagó $122.0 millones al cierre de 2016 ($37.8 millones FODES, $35.0 millones remuneraciones y $19.2 millones pago de mora con proveedores). Como estos pagos se hicieron en 2016, al colocar los $550 millones en 2017, estos entran a la caja del Gobierno este año, con lo que se genera una doble asignación de recursos para un mismo pago. Pero en vez de sincerar la situación, la Asamblea Legislativa avaló un “subterfugio contable”.

Lo grave está en que este “subterfugio” para cuadrar artificialmente el balance incluyó también la “reducción” en $120.6 millones ($14.3 millones del Impuesto Sobre la Renta, $11.4 millones por Aranceles, $89.8 millones del IVA, $4.7 millones de impuestos específicos, y $0.4 millón de Primera Matrícula) de los ingresos proyectados en el Presupuesto 2017. Esta fuerte reducción sin ninguna explicación técnica.

¿Qué pasó? ¿Era la estimación de ingresos “mentirosa”, como lo señalaron analistas y tanques de pensamiento, o si efectivamente se materializan, buscan quedarse con estos recursos para seguir gastando? Cualquiera de las dos requiere una amplia explicación.

Por otro lado, si el Gobierno efectivamente pudo pagar $122 millones en 2016, entonces, ¿la amenaza del “impago” (default) no era verdad? El presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, en “cadena nacional” dijo: “Es necesario declararnos en emergencia económica” (LPG, 10/10/2016); “…declaró en ‘emergencia’ al país” y demandó que la Asamblea apruebe $1,200 millones en emisión de bonos antes fin de año, para evitar que el país tenga ‘consecuencias negativas de mayores dimensiones (default)’” (EDH, 10/10/2016).

Entonces, si pudo pagar $120 millones no existía tal crisis de caja, no era verdad del riesgo de impago. Si esta aseveración fue efectivamente un “engaño” propio del juego político, ¿quién les responderá a los salvadoreños por el alto costo que esto tuvo para el país?

Esta declaración de “emergencia económica” causó que las calificadoras de riesgo bajaran aún más la nota de El Salvador, lo que elevó fuertemente la tasa de interés.

Si se toma como referencia la colocación de $500 millones de septiembre de 2014, a 12 años, se logró una tasa de 6.75 %. La recientemente hecha en febrero de 2017, también a 12 años, se hizo a 8.625 %, esto es 1.875 puntos porcentuales mayor a lo pagado hace 2 años y 6 meses. Esto significa que El Salvador pagará $15 millones más anuales, $180 millones adicionales en los 12 años, que aumentarán el déficit o causarán una reducción en los programas sociales, como ya se comienza a ver.

Este es el costo de falta de tino comunicacional económico y el desorden fiscal que reconoce tener el Gobierno. No lo pagará el Gobierno, lo pagaremos todos los salvadoreños de una u otra forma. Esta situación no debe quedar impune.

Visto este pago de $122 millones desde otro ángulo. Si el Gobierno tuvo para pagar esa cantidad en 2016, ¿de dónde salieron estos recursos, hubo malversación?

Personeros del Ministerio de Hacienda manifiestan que tuvieron que buscar entre diferentes fuentes, según expresiones en reunión en Casa Presidencial. Pero para hacer esto, ¿no deberían haber solicitado a la Asamblea Legislativa reformas a esas partidas presupuestarias para redestinar esos recursos? Esto no se hizo, por lo que, de ser verdad, se habría incurrido en una grave malversación de recursos públicos. ¿Quedará impune esta violación de ley?

Como vemos, cualquiera de estas acciones puede explicar la reducción en la calificación del país, el pago de $180 millones más en intereses o la violación de leyes, todas gravísimas. Por esto será más cara cualquier nueva emisión de bonos. Lamentablemente, así seguiremos frenando el progreso de El Salvador.

Vía LPG

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