GOES informa a medias el uso de $152 millones

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GOES informa a medias el uso de $152 millones

Decreto establecía que cada tres meses se daría detalle a profundidad de los fondos para las medidas extraordinarias.


El 27 de mayo de 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de $152 millones en bonos para financiar la implementación de las medidas extraordinarias en contra de la violencia. En el mismo decreto quedó establecido que cada tres meses el Gobierno informaría a la comisión de seguridad y de hacienda del congreso sobre “los montos invertidos, cronograma de trabajo, avance de las obras, bienes o prestación de servicios, detalle de los rubros en que se inviertan, empresas contratadas y mecanismo de control de calidad de las inversiones”.

Sin embargo, ayer los representantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) entregaron a la comisión de seguridad un informe de dos páginas en el que señalan que no se cumple con el artículo número 11 del decreto que dio vida a la emisión de la nueva deuda.

El informe presentado ayer es el de fiscalización que por ley le corresponde a la Corte de Cuentas de la República; sin embargo, este no cumple con los aspectos señalados en el artículo antes mencionado.

Eso ha generado críticas por parte del partido ARENA, que ha insistido en que se debe dar detalles de cómo se está haciendo uso de los fondos públicos aprobados para esto.

“El tema y la preocupación de nuestra fracción es que la seguridad sea utilizada como pretexto para conseguir fondos ante esta situación financiera de total ineficiencia que tiene el Gobierno. Hay claramente un problema de déficit fiscal”, dijo el diputado del partido ARENA Rodrigo Ávila.

Sin auditoría externa

Otro de los reclamos que hace el principal partido de oposición es que el decreto de los $152 millones para seguridad establece que aparte de la auditoría que por ley debe hacer la Corte de Cuentas de la República, el CNSCC debe contratar una firma de auditores externa para verificar el buen uso de los fondos públicos.

“El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia deberá contratar una auditoría externa independiente, que permita garantizar la transparencia en el uso de dichos fondos. La auditoría deberá ser anexada en el informe a que se refiere el inciso anterior”, se lee en el inciso segundo del artículo número 11 del decreto sobre los $152 millones para las medidas extraordinarias.

Esa auditoría, de acuerdo con el diputado Ávila, tampoco se ha realizado y no se ha contratado a una firma de auditores externos.

“Pedimos que se dé cumplimiento al nombramiento de la auditoría externa. Supuestamente para los primeros 90 días (después de aprobados los $152 millones) debió existir eso. Eso tuvo que haber sido contratado el año pasado. Están pidiendo (el GOES) que se aprueben leyes, decretos y no cumplen lo que las mismas leyes exigen”, agregó Ávila.

Vía LPG

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