Acuerdo por El Salvador

Acuerdo por El Salvador

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Claudio M. de Rosa

Lograr un acuerdo fiscal toma tiempo porque no es cosa cuál de las partes cede políticamente, dado que el trasfondo es técnico-financiero, aunque la cara negociadora es política. Además, las calificadoras de riesgo enfatizaron que si “las medidas son solo suficientes para frenar temporalmente el incremento de los riesgos de liquidez”, “bajará las calificaciones” aún más y esto es tan grave como no tener acuerdo.

Como se comenzaba a transitar por el camino que lleva a una crisis fiscal, escribí: “Un buen administrador público se reconoce en tiempo de escasez, no de abundancia, porque requiere firmeza para detener los mayores gastos que se presentan, sabiduría para priorizar las necesidades a satisfacer y decisión para cobrar los impuestos que se deben pagar” (LPG junio/2006). De eso carecemos hoy.

Ahora, el Gobierno y el FMLN argumentan que el problema fiscal tiene más de 10 años: este es el mejor reconocimiento de “incapacidad”; tras 7 años no pudieron corregirlo y agravaron la situación hasta llegar a una quiebra técnica.

Esta parte del acuerdo es la más fácil, porque con la Ley de Responsabilidad Fiscal se hizo el rayado de la cancha. Ahora viene lo difícil: “cómo cumplir las metas y límites”, las cuales demandan una combinación de medidas para elevar la recaudación y reducir el gasto, todas con un alto costo político, social y económico: la factura de la incapacidad del Gobierno la pagará el pueblo.

Lo difícil en esta primera fase del acuerdo fue superar la falta de confianza en la palabra del Gobierno. Recordemos que para aprobar de la emisión de $800 millones, firmaron todos los partidos políticos un acuerdo (18/oct/2012), en el cual el Gobierno asumió el compromiso de:

Presentar una Ley de Responsabilidad Fiscal: no sucedió así.

Tener un déficit del sector público no financiero de 2.7 % del PIB en 2013: no cumplió, fue de 4.0 %.

Reducir 10 % el gasto en bienes y servicios: aumentó 25.4 % en 2013.

Congelar plazas nuevas y supresión de las vacantes: se crearon 12,060 nuevas plazas (sep/2012: 147,238; dic/2013: 159,298).

Reducir la deuda flotante (LETES) de 40 % a 20 % de ingresos corrientes, tras usar los primeros $400 millones: Hacienda nunca lo hizo.

Otra reducción a 15 % al usar los $400 millones restantes: aún está en 30 %.

Que todo presupuesto sería “integral, consolidado y completo”, incluyendo “todos los ingresos y gastos”. Nada se cumplió; incluso ahora, el Presupuesto 2017 vine incompleto: viola la Constitución.

Ante este récord ARENA, además de reiterar muchas de estas demandas en su propuesta de marzo de este año, demandó un acuerdo con el Fondo Monetario, para que actúe como un verificador de cumplimiento.

También, para aprobar el Presupuesto 2017 este deberá incluir: pago por los ahorros de los trabajadores; devolución IVA-exportadores e impuesto sobre la renta; pensiones del IPSFA; subsidio GLP y de electricidad; escalafón de salud; pago a desmovilizados de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN; y pago préstamo al BCR: suman más de $750 millones. Esto no es pedir más gastos, sino cumplir con la Constitución y a cambio reducir otros gastos: el déficit no puede ser mayor a 2.5 % del PIB.

No hacerlo significa que el Consejo de Ministros estaría violando la Constitución. ¿Qué pasaría en una situación? Ni pensarlo. Lo más razonable es buscar cómo reformar el Presupuesto 2017 y alinearlo con lo recientemente acordado.

Lo positivo es que se logró un acuerdo, no es el mejor, pero salvó al país del impago y dio recursos para cerrar el año, incluyendo FODES, salarios y aguinaldos, subsidio de electricidad y pago a proveedores, que ya estaban incluidos en el Presupuesto 2016. ¿Qué pasó, dónde está el dinero? Señores, este es el resultado de presupuestos mentirosos.

Ante la experiencia de incumplimiento de la palabra del Gobierno, este acuerdo es fundamentalmente de “buena fe”. Nada garantiza su cumplimiento, pero los ojos de los salvadoreños, la comunidad financiera internacional, los inversionistas extranjeros, las calificadoras de riesgo y cuerpo diplomático estarán atentos de su cumplimiento. Luego, de la calidad del acuerdo de ajuste fiscal y de las condiciones para mayor crecimiento y empleos que se logre los próximos dos o tres meses dependerá que la calificación del país mejore o deteriore.

 

Vía LPG

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